UNAMUNO OPINA SOBRE LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931.
28/11/1932.- El escritor y filósofo Miguel de Unamuno (c) con estudiantes y amigos en el Ateneo de Madrid, donde ha pronunciado una conferencia titulada "El pensamiento político de la España de hoy"
El diario La Nación informa el día 29 de noviembre la conferencia de Unamuno y con respecto a la la ley de Defensa de la República explica así las palabras del ilustre vasco. LA DESDICHADA LEY DE DEFENSA Y LA INQUISICIÓN POLICÍACADice luego que no se pudo hacer la revolución constitucionalmente, y tuvieron que recurrir a esa desdichada ley de Defensa de la República y a toda la secuela de arbitrariedades ministeriales. Hay algo peor que la Inquisición (que, por cierto, tenia sus garantías),y es la Inquisición policiaca, que, apoyándose en un pánico colectivo.Inventó peligros para arrancar unas leyes de excepción. No se ha impuesto una dictadura descubierta; se h a pretendido sistematizar la revolución con la Constitución, como si ello fuera factible, y han entregado a país a los caprichos del absolutismo gubernamental, que fundamenta ciertas pena» en "razones que el Rey conoce". El Gobierno actual—dice-es una secuela dei sistema inquisitorial. Para arrancar a las Cortes la ley de Defensa de la República se exageraron peligros, se inventaron quizás. Yo por otra parte, no tengo confianza en la capacidad de los que manejan esa peligrosa arma, que es un poder de carácter revolucionario Si el régimen Inquisitorial fue ominoso, no era nada pero que la institución policíaca, no sólo por torpe, sino por miedosa, que procura enredar en sus mallas a a personas apartadas de toda duda .Esa Policía, cuando no exagera los peligros, los inventa, y los gobernantes se amparan en ella para seguir en el Poder. . No creo que sea por mal a fe, sino por falta de capacidad.
El Liberal hace lo propio también el 29 de noviembre de 1932Llega el orador a afirmaciones tan peregrinas como la de calificar la ley de Defensa de la República, como una pura desdicha, amparadora de toda arbitrariedad
Texto de Ley de Defensa de la República española de 1931
A probada en el Congreso el 21 de octubre de 1931 y publicada en la Gaceta de la República el 28de octubre de 1931.)
Artículo 1.- Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:
1. La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad;
2. La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los
organismos civiles;
3. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público;
4. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos,
políticos o sociales, o la incitación a cometerlos;
5. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del
Estado;
6. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su
representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras;
7. La tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas;
8. La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante;
9. Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación;
10. La alteración injustificada del precio de las cosas;
11. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.
Artículo 2.- Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números 1 al 10 del Artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número 11 serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones.
Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas
Cuando se trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días
Artículo 3.- El Ministro de la Gobernación queda facultado:
1. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública;;
2. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el Artículo 1 de esta ley;
3. Para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones; y,
4. Para decretar la incautación de toda clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.
Artículo 4.- Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley.
Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción alcance a dos o más provincias.
Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada
Artículo 5.- Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes Artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas por las leyes penales.
Artículo 6.- Esta ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta.

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